El ideal del Estado de Derecho
plasmado en el primer artículo de la Constitución Nacional de 1992, mucho más
allá de su concepción estricta de sistema
en el cual la actividad estatal debe necesariamente estar regulada por
la ley, esconde intrínsecas ideas mucho más complejas, profundas y abstractas:
No basta con que el sistema esté jurídicamente estructurado, sino que el
ordenamiento jurídico debe funcionar de manera correcta hasta su escaño más
bajo, y las normas deben ofrecer una democratización de los recursos, de la
información e incluso, del tiempo
como factor fundamental, sin desatender la eficiencia, y lo que es más
importante y fin último del derecho, la justicia.
No está de más, a modo de digresión, cuando a
estructuras normativas nos referimos,
abrir un paréntesis para preguntarnos si la Constitución Nacional,
ofrece realmente un sistema acorde a los nuevos tiempos, teniendo en cuanta que
aquella Constituyente se vio bastante condicionada a una coyuntura histórica y
política muy marcada, en la que en el afán por restarle poder al Ejecutivo, se
le dio más de lo debido al Legislativo, y prácticamente, se convirtió al
Judicial en un órgano político.
Estos factores, entre muchos otros,
definitivamente, no ayudan a una justicia independiente, y tampoco otorga la
libertad necesaria para una administración eficaz. Al fin y al cabo, las ideas
republicanas consagradas en su preámbulo llevan consigo el modelo de poderes
equilibrados, como lo dijo Montesquié (…).
Si bien no es en realidad el objetivo principal
de estos párrafos explicar aquella situación, es de gran importancia tener en cuenta esas ideas a los efectos de
pensar en una buena administración.
Cualquier Estado, por más déspota que sea,
necesita como factor de funcionamiento permanente una buena administración: La
legislación es intermitente, la justicia puede dejar de funcionar, pero nunca,
ni un solo día, la administración.
Se puede hablar de un concepto de “mejoramiento básico” en trámites
administrativos, como una búsqueda de eficacia y efectividad de los procesos,
cumpliendo así una doble función: Por un lado la de desinflar la pesada mochila
que de por sí tiene el aparato estatal, y a la vez ofrecer una mayor facilidad
al usuario, sin restricciones de esfuerzo y movimiento, buscar un punto medio
entre el buen funcionamiento y la comodidad, sin desatender la seriedad, para
tener como resultado un sistema interesante para quien lo mire desde afuera.
Ahora bien, el concepto de Burocracia busca
significar todo lo contrario a lo antes expuesto. Se encuentra en todas partes
dentro de cualquier sistema. El desafío está en reconocerla, y de ser posible,
suprimirla de la manera más efectiva posible, buscando soluciones creativas, de
manera a optimizar recursos, tiempo, y el sistema en sí mismo.
Sin prejuicio aún de si la falla es estructural o
es una falta de rendimiento, organización o eficiencia de los distintos órganos
administrativos, tanto en los mismos procesos como en los asuntos litigiosos y
contenciosos que de ellos derivan, podemos afirmar casi sin miedo a la
equivocación, que procesos con escalones de más y lentos, al igual que la falta
de seguridad jurídica, afectan de una manera indirecta a la Economía, ya que no
se establece una plataforma segura para grandes inversionistas extranjeros.
Nos referimos a documentación sencilla,
entendible y práctica. Estandarización de formularios, medios sencillos de
comunicación entre el órgano administrativo y los usuarios, y lo que es fundamental, la implementación de
la tecnología en cuanto acto sea posible, ya que esto genera un sinfín de
beneficios, empezando por un mejor funcionamiento, pasando por la satisfacción
de los usuarios por la optimización del tiempo y hasta un bien para el medio
ambiente, por la menor utilización de papel.
Debemos caminar hacia un gobierno cada vez menos
burocrático, y cada vez más democrático, en el sentido de democratizar la
información, y el intento de llegar a más personas con la mayor de las
comodidades. Para este menester, muchos países han optado por la implementación
de los denominados “gobiernos electrónicos”, los cuales consisten en la implementación
de la tecnología, y en especial del Internet como plataforma y herramienta
fundamental, para crear una relación aún más estrecha con los ciudadanos.
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| https://jaimemartinez87.com/2014/05/12/burocracia-de-mises-iii/ |
Los procesos cuasi judiciales son aquellos en los
que un órgano administrativo toma atribuciones de características similares a
las de un órgano jurisdiccional para resolver un asunto litigioso sin tener que
recurrir al Poder Judicial. Este es otro de los muchos factores en los que una
correcta administración puede traer ventajas a la estructura, pues, al
resolverse de manera poco efectiva los asuntos litigiosos derivados de trámites
administrativos, se descongestiona la función propiamente jurisdiccional, y
nuevamente, de esta manera se puede suprimir burocracia.
Como epílogo, podemos decir que la
democratización de la información y la constate búsqueda de un sistema
administrativo mejor, son indispensables piezas para la correcta configuración
del Estado de Derecho. La desburocratización es el camino para una
administración moderna y eficiente, capaz de satisfacer de manera rápida y
definitiva las diferentes problemáticas que surgen, con ideas creativas, ya sea
de manera discrecional o reglada, según sea el caso. Es imperioso crear un
sistema acorde a los nuevos tiempos, el siglo XXI, el de la información, el de
los constates cambios. Hacer que nuestro país, así como muchos otros, de una
buena vez tome las sendas del progreso sustentable, de la seguridad jurídica y
de las plataformas propicias de negocios e inversiones, a manera de poder
solucionar otros problemas, que a efecto dominó, irán encontrando resoluciones.
Si bien es cierto que indispensables son la educación y la salud pública,
mientras la estructura normativa no sea la más idónea, de difícil manera se
podrá salir de la zanja del atraso. Al más puro estilo positivista, se podría
afirmar, que la norma, hace a la sociedad.